1. Establecimiento del marco legal para la economía: El estado regula el funcionamiento de la economía mediante un conjunto de leyes, normas y reglamentos. Aunque en los sistemas de economía mixta el mecanismo básico a través del cual se asignan los recursos de una sociedad es el mercado, para su buen funcionamiento se requiere la existencia de un marco de leyes que permita su funcionamiento.

Algunos aspectos claves son, por ejemplo, cómo se asegura la propiedad privada, se protege la competencia, se establece la forma jurídica de las empresas o las formas de contratación laboral.

Este marco emana de los diferentes niveles de la administración pública (regional, estatal e incluso europea en el caso español) y es necesario para la puesta en marcha del resto de funciones que vamos a ver a continuación, ya que detrás de cada decisión del sector público hay leyes y normas que la sustentan.

2. Ofrecimiento y adquisición de bienes y servicios, y realización de transferencias: existen una serie de bienes y servicios muy importantes que el sector público ofrece a la sociedad, como la defensa nacional, la justicia, la educación, la sanidad, el suministro de alumbrado, el transporte público o la recogida de basuras.

Por otro lado, los diferentes órganos del sector público compran bienes y servicios (desde edificios a los folios de un instituto) pues son necesarios para el desarrollo de sus actividades. Evidentemente, para la realización de todas sus funciones dicho sector también necesita trabajadores, por lo que tiene que pagar los gastos de personal de los funcionarios públicos.

Por último, en este apartado, no hay que olvidar que el sector público también realiza transferencias, que son pagos que se realizan sin contraprestación directa. Algunos ejemplos son los gastos de la Seguridad Social, los subsidios de vejez y desempleo, las ayudas a las familias según el número de hijos, etcétera.

3. Establecimiento de impuestos: para poder financiar sus gastos, el sector público tiene que conseguir ingresos. Dichos ingresos los logra, entre otras vías, estableciendo impuestos, es decir, pagos obligatorios que obtiene de las economías domésticas y las empresas. El conjunto de procedimientos y normas que regulan la contribución de impuestos se denomina sistema tributario. A su vez, los impuestos también pueden cumplir una importante función redistributiva a través de la progresividad, de la que hablaremos en el apartado relativo a ingresos públicos.

4. Redistribución de la renta: además del uso de impuestos, existe toda una serie de medidas que forman las políticas redistributivas, cuyo objetivo es modificar el reparto de la renta y la riqueza entre las personas, regiones o colectivos, procurando que sea más igualitaria.

Algunas de ellas son las prestaciones por desempleo, la asistencia social, las leyes que establecen salarios mínimos, las viviendas de protección social o la propia cobertura universal de servicios públicos tales como la educación o la sanidad. Con las mismas se intenta que se satisfagan las necesidades básicas de la población o que exista una mayor igualdad de oportunidades, independientemente del nivel de renta.

5. Estabilización de la economía: como hemos visto en la unidad anterior, el funcionamiento del mercado genera ciclos económicos con continuas subidas y bajadas, por lo que es recomendable la intervención del sector público en la economía procurando controlar los indicadores macroeconómicos (PIB, tasa de paro, inflación, etcétera). El conjunto de estas intervenciones es lo que se conoce como política económica. Algunos titulares que vemos en la prensa diaria ponen de manifiesto la importancia de esta función del sector público:

6. Búsqueda de la eficiencia económica: por último, como función del sector público también podríamos añadir la corrección que intenta realizar de otros fallos del mercado, tales como la limitación a la competencia imperfecta, la provisión de bienes públicos o la interiorización de las externalidades y que hemos explicado en el tema anterior.